¿Y la infraestructura apá?
Los candidatos a la presidencia prodigan en este momento todo tipo de promesas en cuanto el desarrollo de infraestructura como palanca para un crecimiento económico “incluyente y sustentable” -como apunta el ideario del Frente por México- y lo seguirán haciendo hasta antes del julio próximo.
Pero esas promesas en materia de caminos, puentes, puertos, hospitales, aeropuertos, conducción de combustibles y electricidad, será lo menos relevante de sus discursos que en buena medida se dirigirán en contra de sus rivales políticos, a denostar sus trayectorias y dichos para con ello ensalzar lo que consideran son sus virtudes.
Y de la infraestructura, más allá de ser usada como un ariete para acusar presuntos actos de corrupción de sus contrincantes o “estrellita” para presumir lo ejecutado durante sus respectivas gestiones públicas, difícilmente se presentaron planteamientos específicos para potenciar el crecimiento del país a través de una infraestructura competitiva y de clase mundial.
Para poner tal escenario en contexto, basta con tomar como el ejemplo el permanente ataque de Andrés Manuel López contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al que considera una cueva de ladrones con daño ambiental, enfrentando al candidato priista José Antonio Meade quién como secretario de Hacienda se involucró en el desarrollo de los mecanismo de financiamiento del aeropuerto más importan del país y de América Latina… y que en ese debate el candidato del Frente asegure que revisará minuciosamente hasta el último tornillo utilizado en el nuevo aeropuertos para dar con desvíos y castigar a los culpables pues no vaya a pasar lo que pasó en el Paso Express Cuernavaca.
Este ejemplo se puede multiplicar por cada obra que haya sido edificado en este sexenio y es motivo de inculpación o encomio. Lo mejor que puede obtener la industria de la infraestructura del debate que se avecina será no salir “salpicada” de esas acusaciones… y el costo más bajo que puede pagar al final del proceso que viene es que las empresas salgan indemnes de la tormenta de detritus que se aproxima.
De hecho, hoy por hoy hay escasas e inconexas propuestas para desarrollar la infraestructura futura, la que se requiere para que cuando menos se pueda sostener el crecimiento inercial de 2% del PIB en términos anuales. Aunque sería lo deseable, parece que fuera de los discursos de ataque o encomio, el tratamiento a un componente básico para la demanda agregada como es la infraestructura será tratado por encimita en foros con ingenieros, arquitectos y empresarios de la construcción.
Claro, mientas que sean candidatos, los tres competidores deben esforzarse en emocionar a sus seguidores y encantar a los indecisos, lo que significa de manera natural que su cálculo es que la mayoría de los votantes no estarán interesados en el herramental sugerido para lograr sus objetivos de corto y largo plazo en desarrollar infraestructura, sino en palabras que emocionen su corazón pero de dudosa calidad para sus cerebros. Por tanto, no será un tema “taquillero” para el público electoral como lo puedan ser las respectivas revelaciones de casos de corrupción o los resultados de la Copa Del Mundo en el futbol.
Lo que queda es confiar, confiar en que en cada uno de los equipos electorales tendrán expertos que elaboren programas mínimos para evitar una “parálisis de transición”, es decir que cuando llegue el nuevo Presidente y su gabinete, no habrá una parálisis de ministración de recursos a las obras en curso y que se habrá a detalle como continuar y modificar lo existente.
La cuestión es que no lo hemos visto. El equipo de López Obrador elaboró un listado de acciones entre las que figura un tren rápido de la Ciudad de México hasta la frontera norte, dos refinerías, mejorar el riego agrícola, cancelar el NAICM (y pagar la deuda contratada), y ampliar la infraestructura física educativa -entre otros planes- que no hay manera visibles de financiarlo todo con los 500 mil millones de pesos que asegura ahorrará de la corrupción.
Anaya asegura que será frontal con el combate a la corrupción, lo que hace suponer un proceso de auditorías tan intenso que de manera natural implicará detener la asignación de recursos a obras en proceso (como la ampliación del Puerto de Veracruz) a fin de detectar y sancionar cochupos reales o imaginarios… o sea que el tren de construcción tendrá que aminorar notablemente su marcha.
Y José Antonio Meade, dada las presiones y señalamientos por presuntos actos de corrupción, tendrá que ser más acucioso y profundo en esas revisiones a fin de sancionar a miembros de cualquier partido que hayan incurrido (o parecer haber incurrido) en trampas en la ejecución de infraestructura… lo que supone en principio que serán funcionarios del actual régimen los que estarán sujetos a revisión y, con ellos, las obras que se les encomendó coordinar.
La infraestructura a fuego triplemente cruzado. Ojalá y no sea así para bien del crecimiento de México más allá del reducido 2% anual promedio en los últimos 30 años.
