Por Jesús Bravo
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una averiguación formal por el desvío de más de 400 millones de pesos en la empresa pública Diconsa, perteneciente a la extinta Sedesol, a través de la firma de convenios con universidades públicas bajo el esquema conocido como La Estafa Maestra.
Dichos convenios y pagos fueron pactados a finales de 2016 y principios de 2017, época en que Luis Miranda Nava encabezaba la Sedesol. Las firmas y una parte de las transferencias se realizaron en meses previos a la elección del Estado de México.
Esta nueva carpeta de investigación surgió luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia formal ante la FGR, en la que concluye que desde Diconsa se operó un fraude al erario que oscila entre los 380 y los 412 millones de pesos por servicios contratados que presume fueron simulados. El dinero, según la denuncia de los auditores, fue triangulado y dispersado utilizando un fideicomiso y diversas empresas para ocultar su origen. El destino final de los recursos es el objetivo de la indagatoria de la Fiscalía. De acuerdo con funcionarios federales a cargo del caso, se presumen delitos que van del fraude hasta lavado de dinero.
La denuncia de la ASF tiene su origen en los resultados de la auditoría forense número 275-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2017, que se practicó a Diconsa para revisar, específicamente, los convenios por diversos servicios que dicha empresa estatal concedió a universidades aprovechando una excepción que contempla la ley para adjudicarlos sin licitación. Se trata de convenios que, como los auditores señalan en el informe, se utilizaron más de 7 años para el desvío de recursos públicos.
Por Jesús Bravo
