Por Jesús Bravo
El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su gobierno buscará invalidar los contratos millonarios que se firmaron en las administraciones pasadas mediante los cuales se privatizaron varias cárceles del país, esto en caso de que las empresas beneficiadas no acepten una renegociación. Fue en la conferencia matutina, que el titular del Ejecutivo y varios funcionarios de su gabinete expusieron que los contratos fueron entregados por adjudicación directa en 2010 y 2011, durante la gestión del expresidente Felipe Calderón en conjunto con Genaro García Luna, su entonces secretario de Seguridad Pública.
Cabe destacar que dichos contratos sirvieron para privatizar ocho centros penitenciarios por un plazo de 20 años con condiciones de desventaja para el Estado Mexicano, pues estipulan que México debe pagar a empresas privadas un total de 266.300 millones de pesos (13.436 millones de dólares) por la construcción y prestación de servicios, de los cuales se han pagado en 9 años 75 mil 661 millones de pesos. Por lo que el monto pendiente a pagar es de 190 mil 638 millones de pesos.
Por otro lado, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, comunicó que de acuerdo con las cláusulas de uno de los contratos, el Estado mexicano está obligado a pagar “aunque no haya internos”. Además, al término del contrato, los beneficiarios se quedarán con la propiedad del inmueble. Es por esto que si no se logra una renegociación con los beneficiarios, el Gobierno mexicano presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción en la firma de dichos convenios. Entre los beneficiarios de estas cárceles privadas se encuentran los mexicanos Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña, así como el fondo de inversión BlackRock.
